Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4, 17/3 y 26/17 del Consejo de Derechos Humanos. En él, el Relator Especial sobre el derecho a la educación examina la responsabilidad del Estado frente al crecimiento explosivo de los proveedores de enseñanza privados, desde la perspectiva del derecho a la educación. El relator Especial hace hincapié en la necesidad de mantener la educación como un bien público que no debe verse reducido a empresa comercial con fines de lucro y subraya la importancia de los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades, así como la justicia social y la equidad. Los Estados deben desarrollar un marco regulatorio para todo los proveedores de enseñanza privada, que prevea sanciones para las prácticas abusivas. El Relator Especial pone de relieve otras cuestiones fundamentales y concluye su informe con recomendaciones.
Este informe se presenta a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos 8/4 y 53/7. En el informe, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed, aborda el papel crucial y los derechos del personal docente, su contribución a la plena realización del derecho a la educación y las dificultades que esto plantea.
Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. En él se destacan los avances recientes relacionados con la agenda para el desarrollo después de 2015, prestando especial atención a un enfoque de la educación basado en los derechos humanos. El Relator Especial aporta perspectivas sobre los objetivos de la educación y recomienda estrategias de aplicación.
El informe considera la educación como la base de la agenda para el desarrollo después de 2015 y presenta las opiniones y recomendaciones del Relator Especial sobre métodos para aplicar de manera práctica un enfoque basado en los derechos humanos a los objetivos de desarrollo relacionados con la educación.
Este informe se presenta de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. Versa sobre la enseñanza y la formación técnica y profesional consideradas desde la perspectiva del derecho a la educación. En él se insiste en las obligaciones internacionales y los compromisos políticos relativos a la promoción de esa enseñanza y esa formación. Se analizan las normas y los principios elaborados por medio de los instrumentos internacionales y se subraya la importancia que tiene la labor normativa de ámbito nacional para incrementar al máximo la contribución de esa enseñanza y esa formación al empoderamiento y al desarrollo social y económico.
El Relator Especial subraya las características específicas que poseen la enseñanza y la formación técnica y profesional entendidas como derecho y analiza la evolución de los marcos jurídicos y políticos nacionales. Insiste en que hay que garantizar la calidad de esa enseñanza y esa formación y recalca las responsabilidades de los diversos interesados en su aplicación. En el informe también se señala la importancia que tienen la enseñanza y la formación técnica y profesional en el programa de Educación para Todos y en los programas de desarrollo posteriores a 2015 y se termina formulando una serie de recomendaciones.
El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos y con el informe inicial del Relator Especial (A/HRC/17/29 y Corr.1) en el que el Relator Especial consideró que el establecimiento de normas y principios para una educación de calidad era uno de los temas que debía ser examinado durante su mandato. En el presente informe se examinan las normas y principios nacionales e internacionales, así como las políticas relativas a la calidad en la educación. El Relator Especial destaca la necesidad de promover la adopción de normas en el plano nacional en que se establezca el derecho a una educación de calidad, congruentes con el marco jurídico internacional de los derechos humanos y las iniciativas pertinentes adoptadas en los planos nacional, regional e internacional. El Relator Especial concluye haciendo recomendaciones encaminadas a promover la educación de calidad.
El presente informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 17/3 del Consejo de Derechos Humanos. Está dedicado a la financiación nacional de la educación básica. Se detallan las obligaciones de derechos humanos sobre la financiación de la educación y se proporcionan ejemplos prácticos de marcos jurídicos nacionales que garantizan la financiación nacional. El informe contiene también una actualización de la situación de la educación en situaciones de emergencia, de conformidad con la resolución 64/290 de la Asamblea General. El Relator Especial destaca que la atención que se presta y la financiación que se dedica a la educación en situaciones de emergencia siguen siendo insuficientes e inadecuadas y pide que se realicen más inversiones en actividades de prevención y para ofrecer una mejor protección a la educación durante conflictos armados.
El presente informe se ha preparado de conformidad con la resolución 8/4, por la que el Consejo de Derechos Humanos renovó el mandato del Relator Especial sobre el derecho a la educación y le pidió que presentara un informe a la Asamblea General. El Relator Especial dedica este informe a la cuestión del derecho humano a la educación sexual integral. Este tema ha suscitado el interés y preocupación del mandato desde sus orígenes. El Relator Especial introduce el tema del derecho a la educación sexual situándolo en el contexto del patriarcado y del control de la sexualidad. Explica la interdependencia entre la sexualidad, la salud y la educación así como su relación con otros derechos, desde una perspectiva de género y de diversidad. El Relator Especial presenta el derecho a la educación sexual en el marco de las normas internacionales de derechos humanos, analizando las normas internacionales y regionales. A continuación presenta la situación del derecho a la educación sexual teniendo en cuenta la responsabilidad estatal, y analizando las tendencias por regiones y países, así como diferentes perspectivas y el importante papel de la familia y de la comunidad. El Relator Especial concluye su informe reiterando la necesidad y la pertinencia del derecho a la educación sexual integral y presentando recomendaciones concretas dirigidas a los Estados y a la comunidad internacional.
Este informe menciona la justiciabilidad del derecho a la educación como uno de los temas que se propone abordar durante su mandato. En el presente informe se examinan las cuestiones relacionadas con la efectividad del derecho a la educación y con los mecanismos judiciales y cuasi judiciales. También se pone de relieve la jurisprudencia existente en los planos nacional, regional e internacional, prestando particular atención a algunos aspectos fundamentales del derecho a la educación. Para concluir, el Relator Especial formula recomendaciones para hacer más efectivas la justiciabilidad y la puesta en práctica del derecho a la educación.
Este informe trata de las personas que han atravesado las fronteras nacionales, que, en general, corren riesgo de marginación y, en particular, de discriminación en los servicios de educación. El informe tiene por objeto informar y ayudar a los gobiernos y partes interesadas en sus esfuerzos por abordar estas cuestiones y elaborar prácticas óptimas con el fin de garantizar a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo el disfrute del derecho a la educación que hasta ahora no han podido ejercer. En el informe se consideran seis cuestiones básicas : marco jurídico y normativo, cuestiones sociales y culturales, idioma y planes de estudio, personal docente, acreditación y aprendizaje para la vida.