En este informe, presentado en cumplimiento de las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación examina las dimensiones culturales del derecho a la educación, que son cruciales para lograr la plena efectividad del derecho universal a una educación inclusiva y de calidad, como preconiza el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En su análisis, la Relatora Especial señala, a partir de numerosas experiencias nacionales, elementos que favorecen el respeto de la diversidad y los derechos culturales de todos en la educación, a saber: a) La valoración de los recursos culturales presentes; c) La descentralización en favor de los actores locales y la dotación de cierta autonomía a las escuelas para garantizar la pertinencia cultural del aprendizaje; d) Los métodos de observación participativa y sistémica; e) El respeto de las libertades en el ámbito de la educación, en particular. La Relatora Especial hace un llamamiento para que el derecho a la educación se considere un derecho cultural en sí mismo, es decir, como el derecho de toda persona a tener acceso a los recursos culturales necesarios para desarrollar libremente su propio proceso de definición de la identidad, tener relaciones dignas de reconocimiento mutuo a lo largo de su vida y afrontar los desafíos cruciales a los que se enfrenta nuestro mundo, así como para participar en las prácticas que le permitan apropiarse de estos recursos y contribuir a ellos.
La originalidad de este enfoque radica en considerar la vida educativa como una relación viva entre los actores (alumnos, educadores, organizaciones y otros actores asociados) y el conjunto de conocimientos que forman los recursos culturales comunes, portadores “de identidad, de valores y sentido”, sin los cuales los actores no pueden hacer nada.
En el presente informe, preparado de conformidad con las resoluciones 8/4 y 44/3 del Consejo de Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre el derecho a la educación aborda los riesgos y las oportunidades de la digitalización de la educación y sus repercusiones en el derecho a la educación.
La Relatora Especial pide que los debates relativos a la implantación de las tecnologías digitales en la educación se enmarquen en torno al derecho de toda persona a una educación pública, gratuita y de calidad y a los compromisos de los Estados a ese respecto, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
En concreto, la aplicación del derecho a la educación debe responder a las necesidades de todas las personas de acceder, dominar y utilizar la tecnología como un instrumento para el empoderamiento a fin de ser miembros activos de la sociedad. La digitalización de la educación debería orientarse hacia una mejor aplicación del derecho a la educación para todos, en los casos en que se demuestre que aporta un valor añadido considerable. En ese sentido, es importante comprender la agenda con fines de lucro de los grupos de presión a favor de las tecnologías digitales y de las empresas de ese sector. Por otro lado, la digitalización de la educación no debería aumentar las desigualdades y beneficiar únicamente a los segmentos ya privilegiados de las sociedades, ni dar lugar a conculcaciones de otros derechos humanos en el ámbito de la educación, en concreto del derecho a la privacidad.